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Boletín de prensa 27 de octubre de 2011
EL TIEMPO
'DEMORA EN LA JUSTICIA ES UN PESADO LASTRE': LUIS CARLOS SARMIENTO
En asamblea de Anif, apoyó su reforma y dijo que la descongestión se puede lograr en dos años.
La congestión de los despachos judiciales, que llega a los tres millones de procesos represados, fue el tema central de la cumbre anual de los banqueros del país.
En la XXV Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que se realizó ayer en Bogotá, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval, señaló que la demora de la justicia no solo se ha convertido en un problema que agobia a los ciudadanos, sino en un pesado lastre para los sectores que hacen negocios.
Sarmiento Angulo planteó un plan de choque "para limpiar el inventario actual de procesos en un plazo razonable, que, recomendamos, fuera de dos años".
"El país debe aportar los fondos (...) que resulten indispensables para el adecuado manejo del sector judicial, pero también debe tener claridad, porque, cumplida esta etapa, en la que se hace un esfuerzo especial para ponerse al día, no sería necesario volver a incluir partidas para este propósito en el presupuesto de la rama", advirtió.
Este miércoles, en el mismo escenario, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la destinación de recursos adicionales para fortalecer la justicia y se declaró de acuerdo con Sarmiento en que sería un error establecer en la Constitución un porcentaje específico del presupuesto nacional para la rama. (Lea más noticias sobre al reforma a la justicia)
El banquero agregó que "la transición entre la Seguridad Democrática y la Prosperidad Democrática implica respeto a la majestad de la justicia, pero también exigencia de mayor eficacia en las tareas de la rama judicial".
"Requerimos alcanzar un Estado que nos permita disfrutar de una justicia que, por sus características de oportunidad y cumplimiento, verdaderamente merezca el calificativo de justa", dijo Sarmiento.
El banquero expresó su apoyo a la reforma de la justicia que hace tránsito en el Congreso, pero advirtió que no se puede esperar a que esta haga tránsito y empiece a implementarse para tomar medidas que no necesariamente deban tramitarse como leyes. La reforma, por tratarse de un acto legislativo (doble vuelta en el Congreso) solo estaría aprobada a mediados del año entrante, y su ejecución podría tomar hasta el 2013.
"Consideramos de vital importancia iniciar inmediatamente la adopción de medidas que empiecen a aliviar la grave situación existente. Los problemas de atrasos e ineficiencia en la operación del aparato judicial, con su secuela de procesos atascados, hacen que la situación sea de tal gravedad que la adopción de medidas correctivas no da espera. Por lo tanto, no parece posible, ni conveniente, esperar a que se termine la tramitación de la actual reforma en consideración, porque se perdería un tiempo precioso", afirmó Sarmiento. (Lea también: Gobierno acogió preocupación de banqueros sobre la justicia)
Entre esas medidas planteó que el Consejo Superior de la Judicatura, como en otras oportunidades, mueva los recursos humanos que ya tiene la rama hacia aquellos frentes judiciales que reportan mayor congestión: "Solamente haría falta definir las soluciones de inmediata o muy pronta aplicación y tomar la decisión política que permita empezar cuanto antes".
Sarmiento propuso la creación de una comisión de modernización de la justicia, que revise los códigos y las leyes, y que detecte las normas que, "por su imprecisión o ambigüedad, son causantes de nuevos atrasos y nuevas dificultades en el desarrollo de los procesos". Ese grupo de expertos plantearía procedimientos para romper los cuellos de botella en los procesos.
Otra comisión se encargaría de depurar el listado de los procesos retrasados -sobre el que no existe un dato confiable- y de "recomendar medidas de choque operativas necesarias para descongestionar el aparato judicial". "Esta comisión -explicó Sarmiento- debería estar integrada por muchos más administradores e ingenieros que abogados".
Más plata, pero con estudio de destinación
El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo dijo que, aunque es claro que el país debe destinar más recursos para el funcionamiento de su aparato de justicia, sería un error obligar a la entrega de más plata sin que medie un estudio concreto y serio sobre la destinación.
"Al existir el compromiso de gastar el volumen de dinero que ordena la norma constitucional, pero con la ausencia de destinaciones específicas que obedezcan a juicios, estudios y presupuestos cuidadosamente establecidos, estas partidas podrían destinarse a la burocratización de la rama, sin que se reflejen en la mejoría de la calidad del servicio de justicia", advirtió el presidente del Grupo Aval.
Plantean fórmulas para la expansión de los bancos
Durante la asamblea de Anif, los presidentes de varios bancos nacionales propusieron alternativas para crecer tanto en el mercado nacional como internacional.
Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria, dijo que el impuesto del 4 x 1.000 a los movimientos financieros hay que remplazarlo por un gravamen al movimiento de dinero en efectivo, para declararle la guerra a esta forma de pago.
"En Argentina se ha creado un impuesto a los retiros de más de 10.000 dólares y se usan otros canales para esos movimientos. En Colombia se deberían estimular más las transferencias electrónicas para hacer pagos, elevar el uso de tarjetas débito y crédito para mejorar los niveles de profundización de la banca nacional", dijo.
Por su parte, Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, agregó que las entidades bancarias deben trabajar en su crecimiento y fortalecimiento con un código de 5 "R". "La clave está en reputación, respeto por el cliente, riesgo, responsabilidad social y regulación", dijo. Recalcó que un exceso de regulación a los bancos puede dificultar la bancarización en el país.
Para Carlos Upegui, presidente del BCS, la clave del crecimiento está en fortalecer su presencia en el país mediante alianzas y con un mayor acercamiento al cliente.
GOBIERNO ACOGIÓ PREOCUPACIÓN DE BANQUEROS SOBRE LA JUSTICIA
Presidente Santos se mostró de acuerdo con los planteamientos de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El presidente Juan Manuel Santos se mostró de acuerdo con los planteamientos del presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en el sentido de que "el objeto final de toda reforma a la justicia es el ciudadano".
"El propósito del Gobierno, más allá de reformar la estructura y las jerarquías de la rama judicial, es acercar la justicia al ciudadano, hacerla más pronta, más ágil, más oportuna; dejar de ostentar ese récord vergonzoso de tener una de las justicias más demoradas del mundo", afirmó.
Santos señaló que el proyecto "no es la única herramienta que estamos utilizando para mejorar la justicia". Esta va acompañada de la de la Ley Estatutaria de Justicia, de 2009; la Ley de Arancel Judicial, de 2010, la cual será reformada próximamente; la Ley de Descongestión Judicial, y el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Santos también resaltó que la reforma contempla que "abogados, notarios, centros de arbitraje y conciliación asuman determinadas funciones jurisdiccionales, que no correspondan a asuntos realmente contenciosos", con miras a desjudicializar los procesos.
"En el Gobierno compartimos su opinión en el sentido de que resulta inconveniente consagrar con rango constitucional un porcentaje mínimo del presupuesto nacional que se deba destinar para el sector justicia o a cualquier sector", le dijo Santos a Sarmiento.
También coincidió con Sarmiento en la necesidad de que el presupuesto de la rama sea flexible para atender situaciones extraordinarias y dijo que se promovió un parágrafo transitorio según el cual, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, el Gobierno asignará un billón de pesos con el objetivo de financiar los procesos de descongestión.
El ministro Germán Vargas Lleras también compartió "muchos de los criterios" del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y dijo que, más allá del proyecto de acto legislativo, la reforma de la justicia es un conjunto de iniciativas gubernamentales que pretenden dar soluciones integrales a la crisis de la rama.
REVISTA PORTAFOLIO
PERIODO DE PRUEBA LABORAL SERÍA DE 8 MESES
El Consejo de Competitividad también propondrá financiar a las cajas y al ICBF con impuestos y no con parafiscales.
Dentro de ocho días, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) lanzará un paquete de propuestas sobre el mercado laboral que, como en otras oportunidades, encenderá la polémica.
El CPC planteará que el aumento del salario mínimo se haga, durante varios años, teniendo en cuenta solo la inflación causada; esto, para lograr los objetivos del Gobierno de creación de empleo y reducción de la pobreza y la informalidad y mejorar la competitividad empresarial e, igualmente, financiar con impuestos al ICBF y las cajas de compensación en lugar de hacerlo con aportes de las empresas sobre la nómina.
Esa sustitución se haría gradualmente hasta desmontar los siete puntos que entregan las empresas (cuatro para las cajas y tres para el ICBF).
Propuesta similar se hará para los 12,5 puntos que, en el régimen contributivo y calculados sobre el salario, se destinan al sistema de salud. Los empleadores aportan 8,5 puntos y los trabajadores cuatro.
Además del alivio para las empresas, esa iniciativa también tiene consideraciones tributarias, pues, dice el organismo privado, puede taponar la evasión y fomentar la formalidad laboral, que hoy escasamente supera el 40 por ciento;también, aumentar el periodo de prueba a ocho meses, cuando se trate de recurso humano con educación superior y a cuatro meses si la mano de obra es no calificada (hoy, dicho periodo es de dos meses ).
Lo anterior, explica el CPC, porque algunos trabajos necesitan un tiempo de capacitación o adaptación o porque la responsabilidad del trabajador es elevada.
Dos meses de prueba no son suficientes para que la empresa identifique bien las competencias y conocimientos del trabajador.
Otra iniciativa es que el trabajador solo pueda retirar sus cesantías cuando quede desempleado, de manera que esos dineros hagan las veces de un seguro de desempleo; esto, con el fin de flexibilizar la contratación y facilitar la movilidad de la fuerza de trabajo.
Hoy, las cesantías pueden retirarse para compra o arreglo de la vivienda y para financiar educación superior.
Esos puntos, con pequeñas variaciones, también fueron recomendados por el CPC el año pasado.
Otra propuesta, menos controvertida, también será lanzada el jueves próximo: que trabajadores y empleadores puedan hacer sus aportes a la seguridad social con base en las horas efectivamente trabajadas en un mes (es, prácticamente, la misma propuesta del Gobierno Uribe de permitir afiliación y aportes a quienes trabajan por días y sus ingresos no suman un salario mínimo mensual).
El CPC explica que con ello se tendrá en cuenta la realidad de sectores como construcción, servicios y agropecuario, que no siempre necesitan vincular a trabajadores de tiempo completo.
Hoy, la cotización obligatoria se hace sobre una base no inferior al salario mínimo mensual, lo que propicia la informalidad.
Ese paquete de iniciativas fue rechazado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyo fiscal, Fabio Arias, dijo que era lo mismo que han venido proponiendo Fedesarrollo, Anif y el FMI para reducir los derechos e ingresos de los trabajadores. Colombia, señaló, solo funciona si hay empleo decente, como lo propone la OIT, que es todo lo contrario de lo planteado por el CPC.
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
El vicepresidente del CPC, Marco Llinás, señaló que la productividad no es igual en los sectores ni dentro de estos. Hay cantidad de empresas muy lejos de la productividad de unas cuantas que sí están reportando altos niveles en esta variable, dijo.
Por ello, agregó, las medidas planteadas van acompañadas de la propuesta de una transformación productiva para generar nuevos sectores de mayor productividad hacia los cuales la economía se mueva.
Solo en la medida en que se produzca este cambio estructural es como se van a generar los incentivos para no entrar o quedarse permanentemente en la informalidad y para que el factor trabajo migre de esos sectores de baja productividad hacia los de niveles más altos.
GOBIERNO ACOGE PLAN DE CHOQUE PROPUESTO POR SARMIENTO ANGULO
Dentro de las ideas está crear dos comisiones que velen por la actualización y modernización del aparato de la justicia colombiana.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se mostró de acuerdo con los planteamientos hechos por el presidente de la junta directiva de Anif, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
No obstante, el mandatario de los colombianos advirtió que su administración viene trabajando en varios frentes y que la actual reforma a la justicia presentada viene acompañada de otras reformas que la complementan y sobre las cuales se siguen trabajando.
Dijo el presidente que se destinarán 1 billón de pesos para descongestionar los procesos judiciales represados, de los cuales en cada año se girarán 200.000 millones de pesos para tal propósito. También dijo que es fundamental que el país adopte el mecanismo de notificaciones por medios electrónicos, por ser la única forma de evitar que las personas eludan esta responsabilidad.
De otra parte, se mostró en desacuerdo con el presidente de Anif, Sergio Clavijo, en el sentido de que la economía se está desacelerando. Para él ocurre todo lo contrario y prueba de ello son las más recientes cifras que muestra la dinámica de la economía en materia de exportaciones, crecimiento industrial, empleo y licencias de construcción entre otras.
'SARMIENTO A. PROPONE DESCONGESTIONAR A LA JUSTICIA'
Dijo que mientras se aprueba la reforma a la justicia se debe enfrentar la congestión del sector.
Así lo aseguró, en su intervención ante la XXV asamblea de Anif, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. "Interpretamos que la transición entre la Seguridad Democrática y la Prosperidad Democrática implica, simultáneamente, respeto a la majestad de la justicia, pero también exigencia de mayor eficacia en las tareas de la Rama Judicial -dijo Sarmiento- (...) Requerimos alcanzar un Estado que nos permita disfrutar de una justicia que, por sus características de oportunidad y cumplimiento, verdaderamente merezca el calificativo de justa".
Tras hacer un recuento de los malos resultados del país en materia de eficiencia en administración de justicia (dijo que "Colombia es la séptima justicia más lenta del mundo), el presidente del Grupo Aval planteó que a lo largo de dos años el país tome medidas de choque para poner al día los cerca de tres millones de expedientes que ajustan retrasos de años.
Sarmiento destacó la importancia de tomar de inmediato medidas para solucionar los problemas de eficiencia de la administración de Justicia en Colombia: "Consideramos de vital importancia iniciar inmediatamente la adopción de medidas que empiecen a aliviar la grave situación existente.
Los problemas de atrasos e ineficiencia en la operación del aparato judicial, con su secuela de procesos atascados, hacen que la situación sea de tal gravedad que la adopción de medidas correctivas no da espera.
EL ESPECTADOR
OBJETAR EL SERVICIO MILITAR
En octubre de 2009 la corte Constitucional, en su sentencia C-728 de 2009, reconoció la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, por razones religiosas, filosóficas y morales, como un derecho fundamental derivado del derecho a la libertad de conciencia.
A pesar de este importante pronunciamiento, el cual cambió el precedente que la Corte venía desarrollando al respecto los últimos diez años, el derecho no se ha podido materializar efectivamente. Es así como los objetores de conciencia, con pocas probabilidades de éxito, deben acudir a la acción de tutela para ser reconocidos como tales. Es decir, que las autoridades competentes frecuentemente se rehúsan a reconocer este derecho hasta tanto el Congreso de la República, en un llamado que le hizo la Corte Constitucional en su sentencia, regule la materia.
Desde entonces, la discusión alrededor de la objeción de conciencia se ha tomado al Congreso, la academia y las organizaciones de base. Hay múltiples escenarios en los que se puede hacer efectiva esta manifestación negativa de una libertad —negativa en cuanto se trata de un derecho a no hacer—. La más sonada ha sido en la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y han sido las organizaciones de mujeres quienes han liderado el debate alrededor de la objeción de conciencia. Esto se debe en parte a que llevan mucho más tiempo en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y, con respecto al IVE, esta lucha lleva desde el 2005, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres situaciones.
Entre los escenarios posibles, el proyecto de ley estatutaria 022 de 2011, que hoy cursa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que pretende regular de manera general la materia, incluye algunos contextos en los que se puede presentar una objeción. Por ejemplo, el proyecto de ley menciona la posibilidad de objetar en conciencia contenidos educativos. Así mismo, trae a colación la discusión sobre si un servidor público puede ser objetor de conciencia, o si se puede ser objetor en el trabajo, sin que eso termine en despido.
De todas maneras, el proyecto carece de regulaciones específicas en las que se pueda determinar con claridad quién es objetor y quién no, y cuáles son las particularidades de cada tipo de objeción de conciencia, pues cada manifestación puede llegar a ser enteramente diferente de las otras. En ese sentido, el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, la ONG internacional Civis y la ONG nacional Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia se han dedicado por más de un año a debatir sobre la regulación de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Sin embargo, el debate genera grandes tensiones, especialmente con los militares, quienes dada la situación de conflicto consideran que esta situación no se debería dar. Y, de hecho, la discusión, que ya lleva varios años, no se materializó sino hasta 2009 con la sentencia de la Corte Constitucional.
El reto por una regulación que integre los diferentes intereses y que no se convierta en una herramienta para evadir el servicio militar es grande. Sin embargo, los puntos de estos expertos deben tenerse muy en cuenta a la hora de regularlo. Primero, que sea puesto en la norma bajo una categoría diferente y no mezclado con otras objeciones —el servicio militar presenta, por obvias razones, problemas ideológicos para distintos tipos de personas—. Segundo, que no sea la misma autoridad competente en asignar el deber, aquella que decida si procede la objeción. Tercero, que no se exija un material probatorio para dar fe de las razones de la objeción, porque no es de un Estado social de derecho pedir prueba a sus ciudadanos de los derechos que tienen asignados. Finalmente, que mientras se decida la objeción el ciudadano no sea obligado a prestar el servicio. Teniendo estas razones en cuenta, podría afinarse mucho más el diagnóstico de la aplicación de un derecho que, por los intereses en conflicto, es muy difícil de discutir. Que inicie el debate.
EL NUEVO SIGLO
CORTE CONSTITUCIONAL DARÍA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LEY DE DISCRIMINACIÓN
“Si no se incluye algo distinto a lo conocido hasta ahora, el Congreso podría insistir en la aprobación del texto actual, y en ese caso la Corte Constitucional será la que tenga la última palabra”.
Así lo consideró el senador Carlos Alberto Baena, presidente del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), al conocer la determinación del Gobierno de abstenerse de sancionar y en su lugar objetar por razones de inconstitucionalidad parcial el proyecto de Ley 165 de 2010 Cámara - 08 de 2010 Senado, “por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”.
El proyecto, que inicialmente solo castigaba la discriminación racial, amplió el concepto para abarcar otros tipos de segregación. Así lo propuso en el pliego de modificaciones el ponente de la iniciativa, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, quien planteó que, como quedó aprobado, además de la discriminación por raza se castigue también la segregación por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
La iniciativa, que fue radicada por la bancada del Mira, contempla sanciones penales y económicas. “No racismo, no discriminación, no hostigamiento y no segregación en nuestro territorio”, expresó el senador Baena.
El 13 de septiembre el Senado aprobó la conciliación que acogía la ampliación hecha en la Cámara, cuya plenaria, como era de esperarse, hizo lo mismo el 19 del mismo mes.
El proyecto aprobado modifica el 134A del Código Penal, que quedó así: “El que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Sorpresivamente, el Gobierno anunció el martes, de acuerdo con lo divulgado por el Servicio de Información del Gobierno (SIG), que examinada la constitucionalidad del tipo penal que resultó aprobado en el Congreso denominado “actos de racismo y discriminación”, el Ejecutivo encontró que la conducta descrita y penalizada en el proyecto de ley, en cuanto se refiere a discriminación por motivos religiosos o de orientación política o filosófica, infringe el principio de legalidad en materia penal, pues es imposible para los destinatarios de la norma conocer cuándo incurren en el delito.
Adicionalmente, anunció el SIG, el texto de la norma abarca supuestos en los cuales quien actúa podría estar en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental.
En otras palabras, el Gobierno Nacional estimó que no todas las exclusiones que se producen por razones de religión y orientación política o filosófica constituyen actos de discriminación y que, en esa medida, resulta incompatible con nuestro régimen constitucional la criminalización de dichos actos en los términos previstos por el proyecto de norma que se objeta.
En opinión del Gobierno, la incorporación de esta norma al Código Penal conduciría a la restricción de otras garantías constitucionales y a desconocer que podría tratarse de conductas amparadas en el ejercicio de garantías fundamentales como la libertad de enseñanza, de religión, de culto, de pensamiento, de opinión y de expresión, entre otras.
CARACOL RADIO
PRÓXIMA REFORMA PENSIONAL SERÁ PARA AUMENTAR COBERTURA: MINHACIENDA
La próxima reforma pensional deberá estar orientada a aumentar la cobertura entre los colombianos, reconoció el viceministro técnico de Hacienda, Rodrigo Suescum.
“El actual régimen pensional en cobertura es muy pobre y uno pensaría que para los distintos rangos de edades están coberturas deberían ser cercanas al ciento por ciento, deberían los colombianos cotizar a algún régimen pero no lo están haciendo”, subrayó.
Explicó que las cifras son muy contundentes y que en las actuales circunstancias solamente una de 4 personas mayores de 60 años logra alcanzar una pensión.
Dijo que en estos momento el problema es social porque la gran mayoría de personas cuando lleguen a la edad adulta no van a tener ninguna protección en su vejez.
Comentó que de los 4 millones 500 mil personas que hoy tienen 60 años, que podrían estar pensionadas, solo una cuarta parte tiene una mesada.
“La razón fundamental de una reforma pensional no es la salud de nuestro sistema si no un problema de inequidad”, agregó.
De acuerdo con el viceministro técnico de hacienda en los actuales momentos se está analizando el tema detenidamente para establecer el camino a seguir e indicó que se está revisando también el tema de las edades.